BRUSELAS, 20 (EUROPA PRESS)

Una mayoría de países, entre los que se encuentran España, Francia y Alemania, han mostrado hoy su rechazo a la propuesta de Bruselas de dar más libertad a los gobiernos para vetar el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en su territorio pese a que sean autorizados a nivel comunitario, debido sobre todo a las dudas jurídicas que plantea su compatibilidad con el mercado común y las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

En un debate en Bruselas con los ministros de Medio Ambiente de la UE, el comisario de Sanidad y responsable de este dossier, John Dalli, ha advertido de que la situación actual en la UE «no es satisfactoria para ninguno» y ha pedido «hacer lo posible» por avanzar hacia un sistema «más firme y robusto».

Tras anunciar que «a principios de 2011» presentará un informe sobre el impacto socio económico de los transgénicos, Dalli ha celebrado que pese a las críticas de los ministros a su propuesta no se hayan pronunciado a favor de «bloquear» las negociaciones en curso.

La mayoría de países no ha cerrado la puerta a continuar las conversaciones, pero sí han mostrado con mayor o menor tibieza sus dudas sobre la propuesta. Entre los que se oponen y piden a Bruselas más garantías jurídicas figuran Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Bulgaria.

«Francia se opone a que sigamos trabajando sobre la propuesta de la Comisión Europea», ha dicho, tajante, la ministra gala Nathalie Kosciusko-Morizet, que ha pronunciado el discurso más firme en contra de la propuesta de Dalli.

Kosciusko-Morizet ha hablado de «dificultades importantes» y ha subrayado que los servicios jurídicos del Consejo no ven «garantías» de que las nuevas normas fueran «compatibles» con las reglas del mercado interior de la UE ni con las de la OMC.

La secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, ha expresado las «dudas» y «preocupaciones» de España. «Tenemos dudas, mantenemos reservas sobre la compatibilidad de la propuesta con los tratados y acuerdos comerciales en la OMC», ha declarado en su intervención en el debate.

La presidencia belga, por su parte, ha advertido al comisario Dalli de que la disposición para continuar el debate de la mayoría de delegaciones se refiere a la necesidad de «aclarar los aspectos jurídicos» y que será «muy difícil» progresar mientras no se refuercen los controles y se cuente con estudios de impacto.

Hungría, que ejercerá la presidencia rotatoria de la UE a partir de enero, ha ahondado en la misma línea y ha dicho que el Consejo no podrá tomar decisiones «bien formadas» mientras no cuente con «evaluaciones económicas y sociales» del impacto de los cultivos transgénicos.

Con su propuesta, Bruselas pretende contentar a gobiernos como los de Austria, Hungría o Luxemburgo, que se oponen al cultivo de transgénicos, porque quieren proteger y potenciar la agricultura ecológica y tradicional. Otros países, como Países Bajos, son defensores de esta biotecnología.

El 80 por ciento del espacio dedicado al cultivo de transgénicos en toda la Unión Europea está en España, que dedica cerca de unas 90.000 hectáreas de sus campos a sembrar el maíz transgénico MON 810. Sólo cinco países (República Checa, Rumanía, Portugal y Eslovaquia, además de España) autorizan este cultivo, según datos de 2009.

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