MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) serán los encargados de realizar antes del 1 de mayo de 2012, en colaboración con las comunidades autónomas, un inventario de residuos mineros clausurados y abandonados.

En la actualidad, según el inventario existente que data de 2002, existen 674 balsas de residuos mineros, que se distribuyen de la siguiente manera: Andalucía, 125; Aragón, 3; Asturias, 6; Cantabria, 46; Castilla-La Mancha, 22; Castilla y León, 228; Cataluña, 10; Extremadura, 22; Galicia, 43; Comunidad de Madrid, 4; Región de Murcia, 86; País Vasco, 41; La Rioja, 1; Comunidad Valenciana, 17; y Navarra, 20 balsas.

No obstante, en el informe final «Depósitos de Lodos en los procesos de tratamiento de industrias extractivas», realizado a raíz de ese inventario, incluye nuevas estructuras no contempladas en el anterior del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), y que eleva el número de estas estructuras (balsas y presas) a 988 frente a las 674 de las estructuras con ficha.

Estas nuevas actualizaciones elevan estas estructuras en las distintas comunidades autónomas 126 en Andalucía; reduce a 1 estructura en Aragón; 25 en Asturias; 50 en Cantabria; 37 en Castilla-La Mancha; 451 en Castilla y León; 12 en Cataluña; 30 en Extremadura; 44 en Galicia; 34 en la Comunidad de Madrid; 84 en Región de Murcia; 43 en el País Vasco; 36 en Comunidad Valenciana; 14 en Navarra; y se mantiene 1 en La Rioja.

Según ha confirmado a Europa Press el ingeniero experto en Minería y medio ambiente del Instituto Geológico y Minero (IGME) Lucas Vadillo, este organismo está realizando, en colaboración con el MARM, una metodología para ese inventario y una metodología para el cálculo de la evaluación del riesgo.

Así, ha apuntado que de acuerdo a la normativa sobre gestión de residuos de industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por industrias mineras, «antes del 1 de mayo de 2012» estos departamentos deberán concluir un inventario de residuos mineros, «incluidos los abandonados», que tengan un impacto medioambiental «grave» o que puedan convertirse a medio o corto plazo en una amenaza grave para la salud o seguridad de las personas y bienes, o para el medio ambiente». Este inventario, además, deberá ser actualizado «periódicamente».

Asimismo, Vadillo estima que las instalaciones de este tipo posteriores al año 2000 se acogen al reglamento general de seguridad de industrias mineras, que recoge la construcción de balsas de lodos y presas mineras, así como la monitorización de las clausuradas.

En su opinión, «lo peligroso son las presas», que tiene un dique por encima del terreno. En ese sentido, ha apuntado que existen en Río Tinto, y otras más, y que en la provincia de Huelva «hay bastantes». La de Aznalcollar, que sufrió un accidente en 1998 también era una presa.

Por otro lado, ha añadido que también en Murcia, Cantabria y San Ciprián de Alcoa (Lugo) hay otras presas, algunas de las cuales tienen «más de 50 metros de altura». «Estas son las que presentan problemas como en su día, Aznalcollar», ha apostillado.

En todo caso, considera que desde el año 2000 cuentan con «mucho seguimiento y están sujetas a monitorización» por lo que, desde entonces es, a su juicio, «complicado que haya algún colapso de dique» en España.

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